El 13 de mayo se cumplió el primer aniversario de la apertura a la firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de Abogado, conocido como la Convención de Luxemburgo. Este instrumento jurídico, elaborado bajo la responsabilidad del Comité Europeo de Cooperación Jurídica (CDCJ), constituye el primer tratado internacional jurídicamente vinculante dedicado específicamente a la protección de la abogacía.
La Convención nace con el objetivo de reforzar las garantías institucionales necesarias para que los abogados puedan ejercer su profesión con independencia, libertad y seguridad. Su aprobación responde a un contexto internacional marcado por el aumento de ataques, amenazas, acoso, intimidaciones e injerencias indebidas en el desempeño de la labor profesional de los letrados.
Durante su primer año desde la apertura a la firma, la Convención ha recibido un respaldo significativo, con 29 firmas hasta la fecha. El CDCJ ha celebrado este avance, aunque ha reiterado la necesidad de promover nuevas firmas y, especialmente, ratificaciones que permitan su pronta entrada en vigor.
Para que el Convenio entre en vigor será necesaria la ratificación de al menos ocho países, de los cuales seis deberán ser Estados miembros del Consejo de Europa. Su cumplimiento será supervisado por el Grupo de Expertos sobre la Protección de los Abogados —GRAVO— y por un Comité de las Partes. España no lo ha firmado ni ratificado hasta la fecha.
