El 20 de noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó la iniciativa DigitalJustice@2030, una estrategia que define las directrices de la transformación digital de los sistemas judiciales en la Unión Europea de aquí a 2030. Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Década Digital Europea y refuerza el papel de la justicia como pilar esencial del Estado de Derecho y de la competitividad de la Unión.
Con esta iniciativa, la Comisión pone el acento en la necesidad de modernizar la administración de justicia mediante el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procedimientos, facilitar el acceso a la justicia y reforzar la cooperación judicial transfronteriza. Todo ello, subraya la Comisión, deberá realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales y a las garantías procesales.
Entre las prioridades de DigitalJustice@2030 destacan la generalización del acceso digital a los servicios judiciales, la interoperabilidad de los sistemas informáticos nacionales y europeos, y el desarrollo de nuevos instrumentos tecnológicos comunes. En este contexto, la Comisión prevé la adopción de actos de ejecución entre 2026 y 2029 para apoyar a los Estados miembros en la adaptación de sus infraestructuras digitales, así como la creación de un punto de acceso electrónico europeo que facilite el ejercicio de derechos y la presentación de solicitudes por vía digital.
La estrategia concede asimismo un papel relevante al uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia, como herramienta de apoyo a jueces y profesionales jurídicos, destinada a reducir cargas administrativas y mejorar la calidad del servicio público de justicia, sin sustituir la toma de decisiones humanas.
Desde la perspectiva del Observatorio del Derecho de la Unión Europea del ICAM, esta iniciativa constituye un hito relevante para la abogacía, al anticipar cambios normativos y prácticos que tendrán un impacto directo en el ejercicio profesional. La evolución hacia una justicia más digital, accesible e interconectada refuerza la necesidad de un seguimiento continuo de las iniciativas europeas en esta materia, así como de un diálogo permanente entre las instituciones europeas y los operadores jurídicos.
